Rodrigo Martin es un director de Recursos Humanos —en la terminología más abierta, o de Función Pública, la más formal— muy poco habitual, ya que además de licenciado en Derecho es Ingeniero en Telecomunicaciones —o al revés, porque fue antes esto último— y es un gran innovador en muchas materias, entre ellas en la de Dirección Pública Profesional. Y le interesa y le preocupa, desde hace tiempo, el asunto de la mejora de la selección de personas para el acceso a las Administraciones Públicas. Así que he tocado a su puerta virtual para sondearle sobre uno de los temas que me vienen interesando desde hace ya unos años, cuando mantuve una conversación al respecto con Jesús Rodríguez Marín, entonces rector de la Universidad Miguel Hernández, sobre el posible rol de las Universidades en la selección de futuras personas empleadas públicas del mundo local.
Pregunta.- Como sabemos, el español es un sistema de selección de personas empleadas públicas muy antiguo —cumplirá 100 años el próximo 24— e ineficiente, según muchos expertos, incluso de algunas importantes instituciones públicas, y muy alejado del que utiliza la European Personal Selection Office (EPSO) para seleccionar funcionarios europeos, ¿es posible pensar en alternativas, como buscar un rol de colaboración con las universidades en nuestro país?
Rodrigo Martín.- Bueno, como gestor de un sistema de selección, no del diseño exactamente, la idea de que el conocimiento que ya has adquirido en algún momento de tu vida y que se ha certificado por un organismo, como es una Universidad, pudiera ser sustitutivo de alguna de las partes de los procesos de selección, es ya una realidad. El actual es un sistema que engrana con otro desde el momento en el que, para acceder a un empleo público en una determinada plaza, se exigen unos determinados requisitos de titulación oficial. Incluso hay profesiones o plazas dentro de la Administración pública que son el fiel reflejo de una titulación universitaria por ejemplo los arquitectos, los ingenieros industriales, los trabajadores sociales…. ya que el requisito es una determinada titulación universitaria que demuestra unos conocimientos de base. Si a eso le sumamos que en el proceso selectivo se trata de evaluar unos conocimientos, en primer lugar comunes, que se corresponden básicamente en —por lo menos en la esfera local que es la que me compete a mí— con unos conocimientos de tipo de Derecho Constitucional, parece de sentido común que ese conocimiento pudiera ser casi de serie, incluso antes de la Universidad, es decir debería ser un conocimiento adquirido en la etapa incluso de la enseñanza secundaria, porque es un conocimiento que cambia poco desde el punto de vista normativo. Casi no estamos hablando de un conocimiento sino, más bien, de una cultura constitucional que nosotros seguimos considerando básica. En el momento en el que hay una relación bidireccional entre el empleo público, las plazas a las que se accede y el sistema universitario, yo creo que nadie vería con ningún tipo de sorpresa que la esfera universitaria, al final de procesos de posgrado, permitiera la introducción de ese tipo de conocimientos o demostración de competencias dentro de un proceso de acreditación.
El sistema del acceso al empleo militar, con las escuelas de oficiales, trata de hacer algo parecido, porque para entrar en la escala de oficiales tienes que pasar un proceso selectivo muy parecido a un proceso formativo / selectivo, muy similar al acceso universitario.
P.- Si alguien se pusiera a hacer eso ¿cómo sería, ¿cómo se llamaría o qué contenidos tendría un curso o un máster para una plaza estándar como de técnico superior de Administración General de un ayuntamiento?
R.M.- Pues podría tener como como dos partes, una de adquisición de conocimientos y otra de demostración de conocimientos prácticos, un conocimiento aplicado no un conocimiento meramente teórico. En algunos másteres se hace trabajo en equipo y la presentación de trabajos una vez desarrollado un pequeño seminario introductorio de manera que la persona tendría la parte de carga digamos de horas lectivas o de horas demostradas como ocurre en casi todos los másteres.
P.- ¿Entonces podría haber, por ejemplo, un máster universitario, que una persona opositora en vez de apuntarse a una Academia de preparación se matriculara en una universidad?
R.M.- Desde luego podemos imaginar que los municipios de una Comunidad como la de Madrid, mediante un convenio de colaboración con una o varias de las universidades de la zona que en convocatorias públicas pudieran seleccionar una serie de personas que hubieran superado digamos la primera fase de un proceso selectivo para trabajar en un ayuntamiento y que esas personas fuesen nombradas funcionarios en prácticas en los propios ayuntamientos, desarrollando jornadas de trabajo en prácticas en el ayuntamiento —por ejemplo por la mañana— y jornadas de estudio evaluadas por profesores de la Universidad, por las tardes o fines de semana.
Pero sin desplazar a las universidades las responsabilidades de seleccionar a las personas que van a ir al máster. Como los perfiles de los técnicos municipales de la misma categoría y rama de conocimiento de un Ayuntamiento de una Comunidad Autónoma a los que se les exige una titulación universitaria de base son perfectamente compatibles entre ayuntamientos podría haber un primer filtro de convocatoria con la periodicidad que se determine con un temario común para todos los ayuntamientos en el cual haya una serie de pruebas podemos decir básicas teóricas, como máximo de una hora de duración.
P.- Esa fórmula tendría ventajas para los Ayuntamientos, ¿verdad?
R.M.- Claro, mientras los profesionales técnicos estamos dedicados a seleccionar, no estamos haciendo otros trabajos y a eso hay que sumarle el coste de las dietas de tribunales. Además, se requiere un alto grado de especialización a la hora de preparar preguntas, por cierto, pensadas para superar procesos de alegaciones rigurosísimos, pero no para evaluar el nivel de conocimientos de los aspirantes… o sea las preguntas a veces están redactadas más para que no las impugnen, que para medir el nivel de los aspirantes…
P.- ¿Y cuáles pueden ser las alternativas?
R.M.- La primera alternativa es incluir en la selección un master o posgrado ad hoc diseñado por la Universidad con la participación de todos los grupos de interés, y donde la primera fase sería un proceso selectivo de competencias generales de categorías de Técnicos que permita elegir a las personas —tantas como plazas convocadas por el/los Ayuntamientos— que se matricularán para una segunda fase que consistiría en la realización de un postgrado / especialización oficial (acreditada por ANECA) que incluya pruebas de evaluación por asignatura (equivalentes a bloques de temario) y prácticas retribuidas en los municipios. Y la tercera fase, para aquellos que superaran el máster, sería una evaluación de competencias y/o méritos por parte del órgano de selección de propio ayuntamiento y finalmente para las personas que a los que superen las tres fases y obtuvieran la máxima calificación en conjunto, el nombramiento de funcionarios. Estos procesos serían similares a los procesos selectivos de categorías de policía local en los que una parte del proceso selectivo es una formación en el Instituto de la Comunidad Autónoma.
La segunda alternativa —que a mi juicio no sería compatible con la anterior— sería diseñar un sistema de certificacionesprofesionales en base a la norma ISO 17024, y desarrollar los procesos en el seno de una agencia a nivel autonómico, o asumiendo el rol el propio INAP, con evaluadores que se acreditan en esa agencia para preparar las baterías de pruebas de evaluación previstas en cada esquema tales como preguntas, casos prácticos, etc., con las que el sistema informático con criterio aleatorio compondría los exámenes para cada aspirante. Así, quienes quisieran opositar accederían a la página web de la agencia, seleccionarían una de las aulas dotadas de ordenadores con control de acceso y vigilancia donde se desarrollarían las evaluaciones, eligiendo el día que pensase que estuviera preparado para una certificación determinada. E iría avanzando en las certificaciones del perfil profesional —en el caso de que fuera múltiple— de una determinada categoría. Un técnico de Administración General de un ayuntamiento tal vez podría necesitar entre 5 y 10 certificados que se tendría que sacar. El ayuntamiento XY iría a la lista, ordenada por las notas agregadas de las certificaciones, y llamaría a las personas por ese orden para nombrarlas funcionarios de carrera o laborales fijos. Incluso algunos de esos certificados no necesariamente tendrían que ser exámenes de conocimientos porque tal vez se necesiten habilidades de negociación y eso se pudiera demostrar con pruebas con evaluadores presenciales —que serían para los perfiles directivos—.
P.- Así, al menos, una persona que no sacara una plaza podría tener conocimientos que poder utilizar en otras funciones y alguna titulación que mostrar por sus certificaciones…
R.M.- Efectivamente, no habrían perdido el tiempo, la gente no se hipotecaría «a un disparo»… y además, examinándote una vez —en realidad en una tanda de veces para una certificación global— podrías intentar entrar en 30 ayuntamientos que hubieran aceptado el sistema de certificaciones, en vez de examinarte 30 veces como ahora…
P.- En todo ese proceso las actuales escuelas de preparación y los preparadores podrían tener un papel muy relevante
R.M.- Yo creo que al ganar en transparencia y en auténtica independencia de tribunales, etc. todos saldríamos ganando…