Según la mayoría de los especialistas, la pandemia se encuentra en su fase descendente. Algunos más críticos y pesimistas auguran coletazos potentes que generarán nuevos sufrimientos a la población. En todo caso, el comportamiento de las administraciones públicas en los países azotados por la pandemia no ha sido plenamente satisfactorio para los ciudadanos. En las administraciones públicas, muchos funcionarios han cumplido ejemplarmente sus obligaciones y han dedicado muchas horas a intentar salvar las dificultades de la población. Muchos trabajadores sanitarios, de seguridad y protección civil, han tenido un comportamiento que puede ser considerado heroico. Hasta aquí la satisfacción de las administraciones y de los servidores públicos, a quienes ha tocado la prestación de estos servicios públicos tan abnegados.
Sin embargo, analizando la situación actual podemos observar ministerios y organismos públicos semidesiertos, secciones de registro de documentos con horarios de dos días a la semana de tres horas, servicios de seguridad que impiden la entrada a los ciudadanos y les preguntan de forma conminatoria si tienen cita concertada… No parece que sea una situación satisfactoria para los ciudadanos porque en algunos países, con la complacencia de las autoridades políticas, la situación se ha aprovechado para prestar servicios públicos deficientes e intermitentes. Es justo pensar que las dificultades derivadas de la pandemia provocan dificultades en los transportes y comunicaciones o en la asistencia sanitaria, pero la ciudadanía refleja un gran enojo porque la normalidad administrativa tarda demasiado en recuperarse.
Existen propuestas corporativas que persiguen aprovechar la oportunidad para reducir las jornadas laborales presenciales en los departamentos de las administraciones públicas. Pareciera, por el sentido último de algunas propuestas, que volver a las oficinas públicas para atender a los ciudadanos fuera una pesada carga adicional para los servidores públicos.
El ciudadano se pregunta, con cierto asombro y no menor pesadumbre, si las administraciones públicas han hecho todo lo posible por prestar los servicios públicos en los últimos meses. Transcurridos mas de dos años de pandemia, ¿no se están alargando demasiado los periodos de permanencia en casa de los funcionarios, aunque sea sólo algún día de la semana?
Son las oficinas públicas, en las que el Estado y los organismos públicos han invertido considerablemente en su remozamiento, el lugar en el que se debe atender a los ciudadanos. En los apartamentos de los funcionarios no se trabaja igual y sobre todo no se sirve igual a los ciudadanos, a pesar de la buena voluntad de los organismos públicos y probablemente de muchos servidores públicos. Los sistemas de evaluación del desempeño o de resultados, no están suficientemente extendidos, por lo que sólo en casos extremadamente raros es posible controlar eficazmente el trabajo llevado a cabo. En pocos países se ha logrado establecer un sistema de evaluación que permita el seguimiento y control del trabajo realizado. Enhorabuena a los organismos que lo han conseguido y a los servidores que resuelven el trabajo desde sus domicilios.
Las tecnologías de la información y las comunicaciones se han usado de forma más asidua, en muchos servicios constantemente, pero sin duda, algunos funcionarios han utilizado la ocasión para incrementar sus privilegios, superiores, en este aspecto, a los del resto de los trabajadores del sector servicios, que por otra parte tampoco han dado un ejemplo del que puedan estar satisfechos. En algún organismo internacional los periodos han sido incluso escandalosos, pues hay aún servicios sin prestar o lo hacen de forma deficiente.
El intento de sustitución de las actividades presenciales por las virtuales debe ser saludado como intento de paliar la imposibilidad de la asistencia física, pero nunca pueden idealizarse como sustitutivas. Por esta razón, si en la vida ciudadana la presencia en las oficinas es la habitual, no parece que los organismos públicos tengan que ser la excepción.
Una descripción de una actividad habitual en la época de pandemia puede contribuir a comprender la situación en la que nos encontramos. Incluso los profesores, conferenciantes y especialistas de todo tipo, señalan el hastío de pronunciar palabras ante el espejo que nuestra pantalla nos devuelve: un rostro (el nuestro) entre aburrido y escrutador de los oyentes a los que no podemos ver, inyectando transparencias febrilmente en un vano intento de lograr que quienes nos siguen no pierdan el hilo argumental de nuestro discurso. Con frecuencia, el tono del conferenciante baja, al compás de los minutos de la intervención, por ausencia de retroalimentación.
Los hoteles y restaurantes, los transportes públicos, están abiertos, ¿por qué no las oficinas públicas? Por ello, la extensión de una administración pública profesional puede constituir un importante adelanto en la gestión de los asuntos públicos. Más allá de las pomposas declaraciones, políticamente trufadas y con frecuencia iguales en un espectro político y en otro, aquello que parece interesar cada vez más a los ciudadanos tiene que ver con hacer las cosas, ser eficaz y eficiente en la realización de las políticas públicas. El profesor Luis Aguilar, que ha estudiado este tema desde hace años, señala que el requisito esencial de la buena gobernanza no es otro que las políticas públicas sean efectivas y no se queden sólo en hueras promesas.
Además, las políticas públicas no sólo se definen por las disposiciones legislativas o los Decretos gubernamentales, sino también por el comportamiento de la organización administrativa respecto a los ciudadanos. Como se ha señalado, “sobre los hombros del burócrata recae, en gran parte, la responsabilidad de reconciliar las diferencias entre los grupos y hacer que los compromisos económicos y sociales a los que llega el proceso legislativo se hagan efectivos”. (Pendelton Herring). Por ello, cada vez más tiene sentido la búsqueda de profesionales que aúnen a su preparación y experiencia, la capacidad de resolver las situaciones complejas y difíciles, así como la vocación de servicio público.
Los dirigentes políticos rara vez tienen ocasión de escuchar directamente a los ciudadanos, por la distancia que impone la protección que exige la seguridad, convertida en una obligación desde el ominoso asesinato de Olof Palme en 1986. Por ello se impone de forma especial esta exigencia a los directivos públicos, que sí deben estar enterados de la realidad, que no es sólo la que editan las redes sociales, cada vez más mediatizadas por detractores y seguidores y usualmente por chatbots financiados por interesados, sean países u organizaciones de todo tipo. La guerra de Ucrania se encarga de recordárnoslo cada día.
Ninguna acción humana es tan irracional como el uso de la violencia, como nos recuerda esta guerra, que nos lanza a otra prueba de esfuerzo de las políticas públicas migratorias: según avanzan los especialistas de la Unión Europea, el número de desplazados por la guerra puede alcanzar los 10 millones de personas, es decir un cuarto de la población de Ucrania. Las matanzas de Bucha, objeto de controversia entre ambos contendientes, generan en todos los ciudadanos infinita repulsión y rechazo. Rememoran otros conflictos bélicos, nunca exentos de barbaridades similares, como escribió Canetti: Cada guerra contiene todas las anteriores.