El año que ahora comienza parece ofrecer sensaciones muy diferentes para el Derecho del comercio internacional en España dependiendo del lugar al que dirijamos nuestra mirada. Si lo hacemos hacia Bruselas, el panorama promete ser especialmente generoso en novedades normativas. Por el contrario, si miramos hacia nuestro país, 2015 no promete ser uno de los años más fructíferos y, salvo sorpresa mayúscula, parece claro que el tradicional olvido al que nuestro legislador interno somete la regulación de los problemas de tráfico externo continuará un año más.
Comencemos con las novedades que nos vienen desde Europa y con dos Reglamentos que serán aplicables a corto o medio plazo. Al margen del Reglamento 650/2012 sobre procedimientos sucesorios, que será aplicable con carácter general a partir del 17 de agosto, y cuya importancia en el ámbito mercantil es secundaria, a partir del 10 de enero de 2015 es aplicable el Reglamento 1215/2012, con la excepción de los arts. 75 y 76, que ya eran aplicables desde el 10 de enero de 2014. Este instrumento, también conocido como Reglamento Bruselas I bis, sustituye al Reglamento 44/2001 (Reglamento Bruselas I), heredero a su vez del Convenio de Bruselas de 1968, y al igual que su antecesor está llamado a convertirse en el texto clave a la hora de regular los procesos civiles intracomunitarios.
El nuevo Reglamento Bruselas I bis no ha ido todo lo lejos que pretendía la Comisión cuando acometió la modificación del Reglamento Bruselas I y ha dejado para mejor momento reformas de especial calado como la extensión de sus reglas de competencia a los domiciliados en terceros Estados (con las excepciones que se apuntaran más adelante) o la ampliación de su ámbito de aplicación al arbitraje. A ello hay que añadir que otra de las «medidas estrella», como la supresión del exequátur, ha quedado —seguramente con acierto— tremendamente descafeinada desde el momento en que se mantienen los mismos motivos que permitían denegar el reconocimiento en el Reglamento Bruselas I, con la diferencia de que dicho control se realizará ahora mediante un procedimiento de oposición a la ejecución ante la autoridad competente del Estado en que se proceda a dicha ejecución.
Ahora bien, aunque el nuevo instrumento no es ni de lejos todo lo «revolucionario» que inicialmente se pretendía, lo cierto es que sus novedades son de una entidad en absoluto desdeñable. Así, por ejemplo, en el caso de las reglas sobre competencia judicial internacional resulta especialmente destacable la ampliación del ámbito territorial del Reglamento al resultar ahora aplicable en los litigios derivados de contratos de consumo o de contratos laborales frente a profesionales o empresarios, respectivamente, que no estén domiciliados en un Estado miembro o la confirmación expresa de que el foro exclusivo del art. 24.4 del Reglamento Bruselas I bis (antiguo art. 22.4 del Reglamento Bruselas I), opera también cuando las cuestiones relativas a la validez o inscripción de los derechos de propiedad industrial se planteen por vía de excepción y no sólo de acción. Asimismo, el nuevo instrumento muestra un especial interés en reforzar la eficacia de las cláusulas de sumisión. De este modo, al margen de ampliar las reglas sobre sumisión expresa a las cláusulas celebradas entre partes domiciliadas en terceros Estados, se proclama la autonomía de la cláusula de sumisión respecto del contrato en el que se encuentre inserta y se modifican las reglas sobre litispendencia internacional con el objetivo de atribuir competencia para decidir sobre la validez de la cláusula, no al Tribunal que conociera en primer lugar, sino al designado en la misma. De hecho no es esta la única novedad con relación a la litispendencia ya que, a diferencia de lo que acontece en el Reglamento Bruselas I, se regulan también ahora determinados supuestos de litispendencia entre tribunales de Estados miembros y de terceros Estados.
La inminente aplicación del Reglamento Bruselas I bis no es la única gran novedad que nos dejará el legislador europeo durante el año 2015. Por el contrario, el año que ahora comienza será también el año en el que culmine el largo proceso de reforma del Reglamento 1346/2000 sobre procedimientos de Insolvencia. La valoración que ha merecido este Reglamento ha sido, con carácter general, altamente positiva y por ello la Comisión desde el inicio de los trabajos de reforma asumió que, lejos de procederse a una reforma en profundidad, lo más sensato era realizar modificaciones concretas destinadas, bien a atajar disfunciones puntuales, bien a adaptarse a las reformas experimentadas por las regulaciones concursales de los Estados miembros. Entre las primeras se encuentran las medidas destinadas a combatir los abusos en el recurso al fórum shopping —en especial en el caso del concurso de personas físicas—, a garantizar la adecuada publicidad de los procedimientos concursales transfronterizos, a asegurar la coordinación entre los procedimientos universales y los territoriales o a adaptarse a las problemáticas específicas de los grupos multinacionales de sociedades. En cuanto a las segundas, sin duda, el mayor reto para el futuro Reglamento se encuentra en la paulatina inclusión en los ordenamientos nacionales de diferentes modalidades de procedimientos pre-concursales o híbridos, unos procedimientos que en la actualidad se encuentran extramuros del Reglamento 1346/2000, pero que serán incluidos en el nuevo Reglamento de Insolvencia bajo ciertas condiciones.
La elaboración del Reglamento que sustituirá al Reglamento 1346/2000 se encuentra en su fase final. En su reunión de 4 y 5 de diciembre pasado el Consejo de Justicia e Interior adoptó un acuerdo político sobre el nuevo instrumento y se prevé que el texto definitivo en las diferentes versiones lingüísticas se publicará en los próximos meses. Es cierto que si se mantiene la redacción del acuerdo político, sus normas serán aplicables dos años después de su publicación, salvo las normas relativas a la interconexión de los registros nacionales de insolvencia, cuya aplicación incluso se demorará dos años más. Ahora bien, pese a ello, es necesario tener presente que en el caso de España posiblemente sea necesario realizar algún tipo de ajuste en nuestro ordenamiento interno antes de dichas fechas, en especial en lo que se refiere a la regulación de determinados procedimientos pre-concursales como los acuerdos extrajudiciales de pagos, para adaptarlos a las nuevas condiciones de aplicación del Reglamento. A ello hay que añadir que la regulación de los concursos internacionales contemplada en la Ley Concursal, y que resulta aplicable en los supuestos no incluidos en el Reglamento de Insolvencia, cuenta con soluciones idénticas o claramente inspiradas a las del instrumento europeo, por lo que quizás nuestro legislador se vea obligado también a repensar algunas de ellas para garantizar un umbral mínimo de coherencia dentro de nuestro sistema concursal internacional.
En cuanto a las novedades que nos llegarán desde casa, tal y como se ha apuntado, el panorama es bastante más incierto y, pese a la tremenda importancia de muchas de las iniciativas que se encuentran pendientes, su cristalización durante este año arroja serias dudas. Sirvan por tanto las siguientes líneas como una suerte de carta tardía a los Reyes Magos, con la esperanza de que nuestro legislador al menos lleve a buen término las que a continuación se detallan.
La primera norma que debería ver la luz durante este año, aunque por el escaso tiempo que le resta a la actual legislatura parezca hartamente improbable, es la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil, una ley que tiene todas las papeletas para convertirse en la más desdichada de nuestra historia reciente, con el permiso de la de jurisdicción voluntaria. La necesidad de contar con una Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil viene impuesta por la LEC 2000 (LA LEY 58/2000), en cuya disposición final vigésima se exhortaba al gobierno a enviar al Parlamento en el plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la propia LEC, un proyecto de ley sobre esta materia. Quince años después todavía no contamos con ese Proyecto de Ley pero al menos sí con un Anteproyecto que fue aprobado el 4 de julio de 2014, y cuya conversión en ley, una vez subsanadas sus evidentes carencias, debería constituir uno los objetivos estratégicos para el Ministerio de Justicia. No hay razones (o al menos razones objetivas) que justifiquen esta tremenda laguna dentro de nuestro ordenamiento. Pese a que contamos con numerosos convenios internacionales y reglas de la UE que se proyectan sobre esta materia, debe quedar claro que dichos convenios y reglas ni cubren todas las materias ni, por supuesto, se proyectan sobre todos los países. En nuestro ordenamiento sigue faltando la regla general que en defecto de texto convencional o instrumento europeo proporcione las respuestas en esta materia. A diferencia de lo que ocurre en todos los Estados de nuestro entorno, los jueces españoles se enfrentan a problemas especialmente complejos con la única ayuda de un heterogéneo elenco de normas frecuentemente de más de un siglo de antigüedad, escasa coherencia interna, mínimo nivel de especialización y ningún rigor técnico.
El segundo «deseo», para el próximo año se dirige hacia las garantías mobiliarias y, en particular, hacia las garantías sobre equipos aeronáuticos, y a diferencia del anterior parece mucho más factible. Recientemente nuestro país se ha adherido al Convenio de Ciudad del Cabo relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, tal y como ya se informó en el primer número de esta Revista (vid. HEREDIA CERVANTES, I., «La adhesión de España al Convenio de Ciudad del Cabo y sus consecuencias»). El Convenio de Ciudad del Cabo, elaborado en el seno de UNIDROIT, contempla una pléyade de soluciones novedosas entre las que se encuentran la creación de una garantía internacional que una vez inscrita goza de prioridad sobre las garantías nacionales y el establecimiento de un registro internacional electrónico y centralizado de garantías. No obstante, el texto convencional carece de cualquier tipo de eficacia en un Estado hasta que dicho Estado sea parte también de alguno de los protocolos anejos al propio convenio. El Convenio de Ciudad del Cabo cuenta en la actualidad con tres protocolos que se proyectan sobre los bienes aeronáuticos (células y motores de aeronaves y helicópteros), material rodante ferroviario y bienes aeroespaciales, y recientemente se han iniciado los trabajos de elaboración de un cuarto protocolo sobre equipos agrícolas, de construcción y mineros. De los tres protocolos ya concluidos, el único que está en vigor hasta la fecha y del que son parte multitud de Estados es el de equipos aeronáuticos.
La adhesión de España al Protocolo relativo a bienes aeronáuticos ha sido demandada de manera unánime por los operadores que actúan en este sector y en respuesta a estas demandas se han comenzado ya los trámites desde el Ministerio de Justicia y, en concreto, desde la Dirección General de los Registros y del Notariado, para que dicha adhesión se verifique en el plazo más breve posible. La aplicación en España de este instrumento sería, sin duda alguna, una magnífica noticia para un sector en el que la búsqueda de financiación resulta tan compleja como necesaria. No obstante, la importancia del Convenio de Ciudad del Cabo y de sus protocolos va mucho más allá de las materias que regulan, al menos en el caso de nuestro país ya que la adhesión a estos textos debería ser además el catalizador de una revisión en profundidad de nuestra regulación sobre garantías mobiliarias y, en particular, de la que se aplica a los supuestos internacionales. El legislador español no puede permanecer ajeno a las demandas impuestas por la práctica comercial y debería dar cuanto antes un paso adelante en esta materia, en línea con lo que acontece en casi todos los Estados de dentro y fuera de nuestro entorno. La necesidad de contar con una Ley de garantías mobiliarias se hace cada día más acuciante y aunque resulta evidente que se trata de un proyecto inalcanzable durante esta casi agonizante legislatura, debería constituir una prioridad absoluta para la siguiente.