El autor, presidente de la sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, explica el motivo al que obedece la inclusión en la Propuesta de Código Mercantil, elaborada por dicha sección, de las normas dedicadas a la regulación de la propiedad industrial, así como el hecho de que, a pesar de ello, la Propuesta mantenga la vigencia de las leyes sectoriales que existen en el ordenamiento español para regular cada una de las modalidades de la propiedad industrial. Se refiere igualmente a la relación que debe existir entre las normas sobre propiedad industrial integradas en la Propuesta de Código con las normas vigentes que no son derogadas.
Palabras clave: Propuesta de Código Mercantil. Propiedad industrial. Principio de libre competencia.
«Industrial property in the new Commercial Code»
Abstract: The author, Chairman of the Commercial Law section of the General Codification Committee, explains the reason for including the rules drawn up by the said section governing industrial property in the Draft Commercial Code, as well as the fact that, despite this, the Draft continues to maintain the sectoral laws that exist under Spanish Law governing each one of the forms of industrial property. It likewise refers to the relationship that ought to exist between the rules governing industrial property included in the Draft Code and the current rules which are not repealed.
Keywords: Draft Commercial Code. Industrial property. Principle of free competition.
I.
RAZONES QUE JUSTIFICAN LA PROMULGACIÓN DE UN NUEVO CÓDIGO MERCANTIL
Como es bien sabido, hace unos meses se ha publicado una «Propuesta de Código mercantil» redactada por la Sección de Derecho mercantil de la Comisión General de Codificación, en cumplimiento del encargo hecho por el Ministro de Justicia por Orden de 7 de noviembre de 2006. Hay que hacer notar que se ha hecho una segunda edición que tiene que ser tomada en consideración por cuanto en ella se han corregido algunas erratas que aparecían en la primera edición. Por ello las referencias a la Propuesta de Código deberían hacerse a la segunda edición del mismo.
Hay que hacer notar que no se trata de una modificación más o menos amplia del Código de comercio vigente desde el año 1885, sino de un texto totalmente nuevo, tanto en los aspectos formales como en cuanto al contenido. Así, es conocido que se introduce una innovación formal importante al adoptar el sistema de numeración de los artículos de los nuevos códigos franceses, es decir, que el primer número indica el libro del código al que el artículo pertenece; el segundo número es el que corresponde al título, y el tercero al capítulo, ya dentro del cual se numeran los artículos del 1 en adelante.
Para hacerse una idea de lo que significa esta Propuesta del Código es significativo el número de artículos que comprende, que son 1945, divididos en siete libros y un título preliminar. Un título preliminar que se refiere a la delimitación de la materia mercantil regulada por la Propuesta de Código. El Libro primero, que comprende 86 artículos, regula el empresario y la empresa. El Libro segundo, con 834 artículos, se refiere a las sociedades mercantiles. El Libro tercero, con 65 artículos, trata del Derecho de la competencia y de la propiedad industrial. El Libro cuarto, con 71 artículos, regula las obligaciones y contratos mercantiles en general; el Libro quinto, con 566 artículos, se refiere a los contratos mercantiles en particular. El Libro sexto, con 309 artículos, trata de los valores e instrumentos de crédito y pago. Y el Libro séptimo, con 14 artículos, tiene por objeto la prescripción y la caducidad.
También es significativo que en el trabajo de elaboración del Código hayan participado los 39 Vocales de la Sección de Derecho mercantil, a los que hay que añadir 25 Vocales adjuntos, nombrados precisamente para colaborar en la elaboración de la Propuesta de Código, en la que, en total, han participado 64 especialistas al más alto nivel.
En cualquier caso, es importante mencionar que la Propuesta de Código publicada es el fruto del trabajo de la Sección de Derecho mercantil, durante más de seis años. Esto es necesario ponerlo de manifiesto porque a partir de la publicación de la Propuesta de Código, el texto está siendo modificado, por una parte, para tomar en consideración algunas de las observaciones formuladas por diversas personas y entidades que han presentado alegaciones en el trámite de información pública. Y en otro aspecto, porque se han constituido grupos de trabajo conjuntos de los Ministerios de Justicia y Economía para acordar un texto, en el que sigue siendo la parte fundamental lo publicado por la Sección de Derecho mercantil, pero que incluye modificaciones acordadas en los grupos conjuntos de los Ministerios de Justicia y Economía. El texto que resulte de todos estos cambios será el que se someta al Consejo de Ministros para su aprobación como Proyecto de Ley, que ha de ser discutida y aprobado, en su caso, en las Cortes.
Por qué tiene sentido llegar a implantar un nuevo Código mercantil:
Hay varias razones importantes que justifican la oportunidad de tratar de implantar un nuevo Código mercantil.
En primer término, la promulgación de un Código mercantil único para todo el territorio español es necesaria para asegurar la unidad de mercado en las relaciones jurídico privadas. En efecto, la Constitución atribuye al Estado en exclusiva la facultad de legislar en la materia mercantil, precisamente para poder asegurar la unidad de mercado impuesta por la propia Constitución.
Se trata, en efecto, de que las operaciones que se realicen en el mercado por operadores del propio mercado estén sometidas al mismo régimen jurídico en todo el territorio español, cualquiera que sea el lugar del territorio nacional donde esté el establecimiento del contratante o se celebre la propia operación mercantil.
Pero no es sólo el afán de mantener la unidad del mercado lo que justifica la prevista implantación del nuevo Código mercantil, sino que éste resulta necesario para modernizar la legislación mercantil y para reforzar la seguridad jurídica, en la medida en que al existir las mismas normas que se aplican en todo el territorio del Estado, la contratación se regirá por el criterio de la unidad, es decir, que en cualquier punto del territorio español, cuando se actúe en el ámbito jurídico-mercantil, todas las normas serán iguales, con lo cual se beneficiará especialmente a los pequeños y medianos empresarios, que tendrán un texto legal de referencia para sus operaciones mercantiles.
La decisión de redactar un Código mercantil se basa en las ventajas que ofrece esa solución. Es bien sabido cómo se ha optado por redactar códigos, no sólo en Francia —que ha procedido a una nueva codificación de las diversas ramas del ordenamiento jurídico—, sino también en Italia, precisamente para la propiedad industrial y también, por ejemplo, en Portugal, donde rige desde hace tiempo un código de sociedades mercantiles.
El Código presenta la ventaja de integrar y coordinar las normas básicas de Derecho mercantil; evita innecesarias repeticiones y facilita a los terceros saber lo que es legislación mercantil básica. En definitiva, facilita a los terceros el conocimiento de la legislación mercantil, conocimiento que es mucho más difícil de obtener cuando se integra de leyes especiales que no han sido consideradas a efectos de la coordinación exigible para las diversas partes del ordenamiento jurídico.
De todas formas hay que poner de manifiesto que no toda la materia incluida en la Propuesta de Código es nueva, sino que se integran en el texto propuesto leyes que ya están en vigor, las cuales, en general, se incluyen en la Propuesta de Código realizando solamente las oportunas adaptaciones para integrarlas correctamente en el texto que se propone. No puede, sin embargo, dejarse de hacer notar que en la Propuesta de Código se incluyen muchas disposiciones nuevas que constituyen una aportación importante para la modernización de nuestra legislación mercantil.
II.
DELIMITACIÓN DE LA MATERIA MERCANTIL
Hay que precisar, por supuesto, cómo y por qué se delimita la materia mercantil que debe ser regulada por el Código.
En el título preliminar se delimita la materia mercantil en torno a la figura del «operador de mercado», figura ésta novedosa en el ámbito de la legislación mercantil, aunque tiene sus antecedentes inmediatos en las resoluciones del Tribunal de la Unión Europea al decidir expedientes sobre infracciones de las normas de defensa de la competencia.
Esta figura del operador de mercado comprende, como punto esencial, por supuesto, a los empresarios, pero es aplicable igualmente para todos aquellos que prestan o negocian bienes o servicios en el mercado. Así, pueden ser operadores de mercado los profesionales, los artesanos, los agricultores, los artistas o los científicos.
La regulación contenida en el Código se articula en torno a una idea fundamental, esto es, se trata de regular las operaciones que realicen los operadores de mercado en el propio mercado. Se constituye así la idea de las operaciones que han de regir en el mercado como principio fundamental ordenador de la materia.
La vinculación de la legislación mercantil al mercado ha sido el fruto de una evolución legislativa y doctrinal extraordinariamente importante.
El Derecho mercantil tradicional regulado en el Código de comercio se ha vinculado gracias a las aportaciones de los mercantilistas a la regulación del mercado en defensa de la competencia y de la lealtad en la actuación de los operadores económicos.
Supuesto que la economía de mercado es la que caracteriza el régimen económico que debe regir el mercado, se comprende perfectamente que la legislación mercantil debe articularse en torno al principio del mercado de libre competencia, teniendo en cuenta las prohibiciones de actuaciones contrarias a la libre competencia y también las normas que implican la necesaria vigencia de una corrección en la actuación de los operadores económicos. Así ocurre, que en la Propuesta de Código mercantil concurren dos factores: Por una parte, los elementos del Derecho mercantil tradicional, y por otro, la legislación reguladora de la libre competencia y de la lealtad en el tráfico económico.
III.
INCLUSIÓN DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Así se explica la inclusión dentro del nuevo texto legislativo de unas cuantas normas dedicadas a la regulación de la propiedad industrial. Esa inclusión de normas sobre propiedad industrial se pone de manifiesto por tratarse de instituciones que deben relacionarse e integrarse con la regulación de la competencia dentro del mercado. En definitiva, no puede olvidarse que se trata de instituciones que sólo pueden funcionar en un sistema de economía de mercado, por cuanto constituyen instrumentos para que funcione el principio de libre competencia.
La inclusión de las normas de propiedad industrial en la Propuesta de Código se hace dejando en vigor las leyes sectoriales que existen en nuestro ordenamiento para regular cada una de las modalidades de la propiedad industrial. Se trata, por tanto, de una regulación muy limitada, de unos cuantos artículos dirigidos a regular el conjunto de instituciones que integran la propiedad industrial. Bien es cierto que también se regulan cuestiones referentes a la propiedad industrial al tratar de las cesiones y licencias sobre bienes inmateriales incluidas en la parte de la Propuesta de Código dedicada en el Libro quinto a los contratos en particular.
Cabe hacer notar que la integración de las normas que regulan la propiedad industrial en un solo texto legal tiene importantes antecedentes en nuestro país, puesto que la Ley de 16 de mayo de 1902 regulaba todas las modalidades de propiedad industrial y ese mismo planteamiento fue seguido por el denominado Estatuto de la Propiedad Industrial. Fue la Ley de Patentes del año 1986 la que comenzó la tarea de dedicar leyes distintas a la regulación de diversas modalidades de la propiedad industrial.
IV.
PROBLEMAS DE LA DENOMINACIÓN «PROPIEDAD INDUSTRIAL»
La inclusión de normas dedicadas a la propiedad industrial en su conjunto supone un planteamiento perfectamente justificado.
En efecto, la propiedad industrial plantea una visión especialmente complicada de los derechos integrados en ella.
En primer término, debe recordarse que la expresión «propiedad industrial», aunque perfectamente acuñada en los convenios internacionales, es una expresión especialmente engañosa. Cabe decir, ciertamente, que la «propiedad industrial» no es ni propiedad ni industrial. No es propiedad porque cabe recordar que la acción fundamental para la protección de la propiedad es la acción reivindicatoria, la cual no tiene ningún papel especialmente relevante en la regulación de las diversas modalidades de propiedad industrial. La acción fundamental para la propiedad industrial es la acción de cesación.
Y tampoco puede decirse que se trate de una propiedad exclusivamente industrial, puesto que las instituciones integradas en ella sirven para proteger a todos los que participan en el mercado ofreciendo bienes y servicios, no sólo a los industriales, sino también a los comerciantes, agricultores y científicos.
La denominación «propiedad industrial» sólo se puede explicar desde una perspectiva histórica. En primer lugar porque, como consecuencia de la revolución francesa, se utilizó la palabra «propiedad» como expresión de un derecho natural que correspondía al inventor sobre su invento, de manera que la palabra «propiedad», esencial desde la nueva perspectiva de la burguesía, se utilizaba para mantener, con otro nombre, lo que se protegía en el antiguo régimen por medio de los privilegios reales. Y el término industrial es consecuencia de que la protección ofrecida como propiedad para los inventos estaba enmarcada en la denominada revolución industrial, y resultó así que, iniciándose la protección de los derechos de la propiedad industrial por la protección de los inventos, al carácter industrial de éstos se fueron vinculando las nuevas modalidades que aparecieron para otorgar derechos exclusivos a lo largo del siglo XIX.
Lo mas grave, sin embargo, es que la expresión «propiedad industrial» induce a grave confusión con referencia a las modalidades de protección que se incluyen en ese sector del ordenamiento. Es perfectamente conocido para quienes estudian de manera adecuada la propiedad industrial, que las distintas modalidades de protección incluidas en ella presentan diferencias absolutamente fundamentales, como son las que se refieren al objeto protegido, a los requisitos de la protección, a la finalidad de ésta y a la delimitación de los derechos otorgados al titular.
V.
LAS MODALIDADES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Pero si es cierto que son totalmente distintas las normas que se aplican a las diversas modalidades de la propiedad industrial, hay, sin embargo, una serie de elementos comunes. Es por ello fundamental poder diferenciar en la propiedad industrial la parte de la normativa que es peculiar de cada institución y ser capaces de determinar los elementos comunes en la regulación de todos esos instrumentos. Y eso es precisamente lo que hace la regulación de la propiedad industrial incluida en la Propuesta de Código: ayuda a conocer los elementos comunes a todas las modalidades de propiedad industrial, lo cual se traduce en una ayuda para aplicar e interpretar adecuadamente las normas de las diversas modalidades de propiedad industrial.
Es, además, importante también que por medio de los artículos dedicados a la propiedad industrial en la Propuesta de Código, que, como se ha expresado, se refieren específicamente a los aspectos comunes de las distintas instituciones integradas en la propiedad industrial, ello permite situar de manera adecuada para una comprensión por parte de los ciudadanos de la relación de la propiedad industrial con el resto del ordenamiento jurídico, de manera que se comprenda su funcionalidad y se considere la relación entre lo que es peculiar de cada modalidad de propiedad industrial con lo que es común a todas las modalidades.
VI.
LA INCLUSIÓN DE LA «PROPIEDAD INDUSTRIAL» EN LA PROPUESTA DE CÓDIGO
Para la preparación de la parte correspondiente a la propiedad industrial en la Propuesta de Código se constituyó un grupo de trabajo integrado, por una parte, por personas vinculadas a la Sección de Derecho mercantil de la Comisión General de Codificación, y por otra, por personas vinculadas a la Oficina Española de Patentes y Marcas. En concreto estas últimas eran: el director de la OEPM, que era por entonces D. Alberto Casado y actualmente es D.ª Patricia García-Escudero — y que compartía la presidencia del Grupo— y los funcionarios D. José Luis Barbero y D. José Macías. Y por el lado académico, esto es, vinculados a la Sección de Derecho mercantil, intervinieron: como Copresidente del Grupo, el presidente de la Sección de Derecho mercantil, Prof. D. Alberto Bercovitz y como Vocales adscritos los profesores D. Eduardo Galán y D. José Antonio García Cruces.
En cuanto al contenido de las normas dedicadas a la propiedad industrial, ya se ha expresado que se trata de disposiciones que regulan los aspectos comunes de las diversas modalidades de propiedad industrial.
VII.
CONTENIDO DE LA «PROPIEDAD INDUSTRIAL»
Cabe señalar, en efecto, que al haberse derogado totalmente el Estatuto sobre Propiedad Industrial, y haber sido sustituido por leyes diferentes dedicadas cada una de ellas a la regulación de una modalidad concreta de propiedad industrial, se ha producido el resultado sorprendente de que falta en nuestro ordenamiento jurídico la propia definición, en normas internas, de lo que es la propiedad industrial y de las cuestiones que son comunes a todas las modalidades protegidas.
Esto es especialmente reseñable, puesto que la expresión «propiedad industrial» es utilizada en la Constitución española para atribuir al Estado la competencia exclusiva para legislar en esa materia (art. 149.1.9.º-Legislación sobre propiedad intelectual e industrial). Parece por ello deseable que a esa expresión constitucional se vincule una delimitación de las instituciones que comprende la propiedad industrial, y eso es lo que hace el art. 360-1, al delimitar los bienes, títulos y derechos referentes a la propiedad industrial. No sólo se delimita las instituciones, de diverso nivel, que se integran en la propiedad industrial, sino que además se establecen dos preceptos de la mayor importancia: Uno de ellos, el apartado 5 de ese art. 360-1 deja perfectamente claro que las distintas modalidades de la propiedad industrial se rigen por sus leyes específicas y en el apartado 4 del mismo artículo se dispone que los derechos de propiedad industrial tienen la consideración de bienes muebles, lo cual viene a corroborar lo que se dispone ya en el Derecho positivo vigente, puesto que la propiedad industrial es objeto de la hipoteca mobiliaria (Ley de 16 de diciembre de 1954, art. 12), es decir, una hipoteca que recae sobre bienes muebles.
Los arts. 360-2 y 360-3 se refieren a la concesión de los títulos de propiedad industrial, destacando sin duda la manifestación de que los títulos de propiedad industrial, concedidos después del correspondiente procedimiento de registro, se presumen válidos mientras no se declare su caducidad o nulidad. Y el art. 360-3 dispone algo que es fundamental para la unidad de mercado puesto que se establece que «el registro de los títulos de propiedad industrial tiene carácter único en todo el territorio español, disponiéndose que los títulos de propiedad industrial son indivisibles».
En cuanto a los requisitos para la obtención de los títulos de propiedad industrial se pone de manifiesto que para la obtención de los derechos, el registro corresponderá a quien haya presentado la solicitud con prioridad.
Consecuente con el planteamiento de que los títulos de propiedad industrial han de ser otorgados por la Administración, el art. 360-6 mantiene que sólo pueden oponerse a terceros los títulos cuando ya hubieren sido inscritos en el Registro.
VIII.
NORMAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL INCLUIDAS EN LA PROPUESTA DE CÓDIGO MERCANTIL
Se regulan a continuación cuestiones fundamentales y que son comunes, a nivel de principio, a las diversas modalidades de propiedad industrial. Tal es el caso de la delimitación del derecho exclusivo o la indemnización por violación de ese derecho. También se dedica un artículo a un principio fundamental en materia de propiedad industrial, cual es el agotamiento del derecho.
Asimismo, se dedica otro artículo a establecer la transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial. Ese artículo, que establece la transmisibilidad como principio general, debe relacionarse con la regulación que se establece en el Libro quinto del propio Código sobre la cesión y licencias de bienes inmateriales.
Especialmente importante es el art. 360-11, al disponer que cuando una tecnología utilizada en la práctica cause daños a los consumidores por defectos propios de la tecnología protegida, de esos daños responden solidariamente tanto el titular de la tecnología como el fabricante de los productos que son objeto de la misma. Este precepto es excepcional en la medida en que, como cuestión de principio, la Propuesta de Código mercantil no incluye sistemáticamente las normas sobre protección de los consumidores, y solamente se establecen normas de ese tipo de carácter aislado, como ocurre en este caso. Por lo demás, esta norma no es nueva en el ordenamiento español puesto que ya aparecía en la Ley de Patentes de 1986 en el art. 78 (LA LEY 674/1986). También aparece en la Ley de Patentes un precepto, el art. 80, cuyo objeto es establecer la sanción aplicable a quienes utilizan los derechos de propiedad industrial con fines anticompetitivos.
Y el art. 360-12 establece unos principios interpretativos generales, que en cuanto a su contenido sustancial no tienen otro interés que el de haberse establecido explícitamente en la Propuesta de Código. Así, por ejemplo, la declaración de que los derechos de propiedad industrial deben interpretarse de acuerdo con su función.
Y por último el art. 360-13 declara que la protección de la propiedad industrial es independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual. Se reitera así lo dispuesto en el art. 3 de la Ley de Propiedad Intelectual.
IX.
RELACIÓN ENTRE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Se plantea por supuesto una cuestión fundamental, que consiste en determinar cuál es la relación que debe existir entre estas normas sobre propiedad industrial integradas en la Propuesta de Código y las normas vigentes y que no son derogadas —las distintas leyes que regulan las varias modalidades de propiedad industrial—. Pues bien, en primer término no debe pretenderse que los artículos de la Propuesta de Código coincidan totalmente con el texto regulador de la misma cuestión en las leyes especiales de las distintas modalidades de propiedad industrial.
Tampoco puede aceptarse que exista una contraposición entre lo dispuesto en los artículos de las leyes especiales y los artículos de la Propuesta de Código. Estos artículos deben contemplarse desde una perspectiva integradora, es decir, como complemento para lo dispuesto en las leyes especiales o para suplir la falta de regulación en algún punto que sí que está contemplado por estas disposiciones establecidas en el Código.
X.
CONTRATOS SOBRE «BIENES INMATERIALES»
La Propuesta de Código tiene normas relacionadas con la propiedad industrial no sólo en el Libro tercero, a cuyos preceptos se ha hecho referencia anteriormente, sino también en el Libro quinto, donde se establecen disposiciones que no son específicas de la propiedad industrial pero que le afectan de manera muy directa. Se trata de la regulación que se establece en el Libro quinto sobre los contratos de cesión o de licencia de bienes inmateriales.
Estas normas fueron elaboradas por el Grupo de trabajo número 10, cuya presidenta es la Profesora D.ª M.ª Teresa Gispert Pastor, y siendo los Vocales adscritos los profesores D. Antonio Font Ribas y D.ª Apolonia Martínez Nadal.
Lo primero que debe destacarse en relación con esos preceptos es la referencia que se hace a los «bienes inmateriales». Esta noción de «bienes inmateriales» constituye una innovación en la legislación española que hasta ahora no ha incluido esa mención, aunque se trata de una terminología utilizada con carácter absolutamente generalizado por la doctrina. Parece, pues, un factor positivo la inclusión de esa terminología en la legislación positiva española.
Ciertamente, el primer problema se plantea por cuanto no existe una definición legal de lo que sean los bienes inmateriales. Pero puede decirse que deben considerarse como tales las ideas o elementos ilimitadamente reproducibles, que como tales pueden ejecutarse un número ilimitado de veces, que tienen autonomía suficiente frente a sus creadores para permitir su transmisión independiente y su explotación económica por parte del tercero adquirente. Son bienes inmateriales especialmente importantes los que constituyen el objeto de los derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual, además de otros derechos que se protegen por el ordenamiento jurídico, relacionados con elementos de la personalidad, tales como la imagen, la voz o el nombre.
Por tanto, los bienes protegidos por la propiedad industrial, son, sin duda, unos bienes inmateriales de la mayor importancia, así como lo son los bienes protegidos por el Derecho de autor.
La regulación de los contratos de cesión y licencia de bienes inmateriales afecta a los derechos de la propiedad industrial, pero no sólo a ellos, sino también a otros bienes como los derechos de autor o ciertos derechos de la personalidad.
Las normas contenidas en esa parte de la Propuesta de Código, referente a los contratos sobre bienes inmateriales no constituye una innovación dentro de nuestra legislación, puesto que hay normas reguladoras de la cesión y las licencias sobre determinados bienes inmateriales, como por ejemplo con referencia a las patentes o a las marcas. Pero no cabe ignorar que la regulación que se establece de estos contratos es aplicable también a otros bienes inmateriales como son los protegidos por el Derecho de autor.
Así pues, la inclusión en la Propuesta de Código de las normas sobre esos contratos «ha consistido básicamente —como se señala en la Exposición de Motivos— (VI-204) en la reconstrucción sistemática de un marco de regulación unitario y general sobre la base de los distintos elementos normativos ya existentes para las distintas modalidades de propiedad industrial».
En primer término se regula el contrato de cesión de bienes inmateriales, cuya característica es que el titular de un derecho sobre un bien inmaterial transmite a un tercero, mediante cualquier título jurídico apto para ello la titularidad de ese derecho. Se regula la forma, el contenido mínimo necesario, las obligaciones del cedente y del cesionario y la responsabilidad frente a terceros.
Destaca en la regulación establecida la obligación que se establece, siempre con carácter dispositivo, imponiendo al cedente la obligación de poner a disposición del cesionario el know-how que poseyera y que resulte necesario para proceder a la adecuada explotación del derecho transmitido. Ese mismo principio se ha incluido entre las obligaciones del licenciante. De la misma manera se impone la responsabilidad solidaria por los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes al objeto del derecho transmitido. Esta norma se establece tanto para la cesión como para la licencia (arts. 535-6 y 536-7, apartado 3).
En materia de licencia se caracteriza ésta por cuanto el titular de un derecho sobre un bien inmaterial autoriza a un tercero para utilizarlo o explotarlo durante un tiempo determinado, manteniendo el licenciante la titularidad del derecho.
Además de establecer las clases de licencia, exclusivas o no exclusivas, el contenido del contrato, las obligaciones del licenciante y licenciatario, y se regula especialmente la legitimación del licenciante o del licenciatario para el ejercicio de acciones judiciales por la violación del derecho.
En el contrato de licencia se incluye también la regulación de las consecuencias que puede tener la declaración de nulidad del derecho objeto del contrato de licencia, siguiendo en este punto lo que ya establece la Ley de Patentes en su art. 114, norma que la Propuesta de Código generaliza.
No puede olvidarse al considerar la regulación de los contratos de cesión o licencia sobre bienes inmateriales, que se trata, como toda la regulación en materia de contratos, de una norma que se considera de carácter dispositivo. Naturalmente ese carácter dispositivo no es aplicable a los supuestos que se regulan estableciendo una responsabilidad solidaria frente a los terceros.
XI.
CONTRATO DE OBRA POR EMPRESA
Por último tiene interés en relación con la propiedad industrial la regulación que se establece en la Propuesta de Código sobre el contrato de obra por empresa. Ello es así porque la noción de obra objeto del contrato se entiende referida no sólo a las obras materiales, sino también a la obtención de un resultado, de manera que pueden ser objeto del contrato los resultados puramente intelectuales o inmateriales, es decir, que puede contratarse la realización de una obra que consista en un bien inmaterial que puede ser un invento o un signo distintivo. Así se pone de manifiesto en la Exposición de Motivos (VI-2060) al declarar que el resultado pactado para el contrato puede referirse a los resultados puramente intelectuales o inmateriales tales como, por ejemplo, proyectos, informes, dictámenes, prototipos, etc.
Así pues, el contrato de obra por empresa puede tener por objeto la creación de bienes inmateriales protegibles por las leyes que regulan las diversas modalidades de propiedad industrial.
El interés, por tanto, de la inclusión de las obras inmateriales como posible objeto del contrato de obra por empresa radica en primer término en que se ofrece una regulación de carácter dispositivo para los contratos que tengan ese contenido.
Pero además, tiene gran importancia práctica lo dispuesto en el art. 523-7, según el cual «corresponderán al comitente de la obra todos los derechos derivados de ella, incluidos aquellos que puedan adquirirse en el ámbito de la propiedad intelectual o industrial». Esa atribución de derechos al comitente —que por supuesto es de carácter dispositivo— ofrece una solución a nivel legal de los problemas relacionados con la contratación de obras inmateriales que pueden ser objeto de protección por las normas que regulan la propiedad industrial o la propiedad intelectual.