La labor de refundición que ha llevado a cabo el legislador con el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (LA LEY 16530/2015), junto con otros textos del mismo carácter, publicado en el BOE no 261 de 31 de octubre, trae causa del contenido y mandato derivado del artículo 1 del Ley 20/2014, de 29 de octubre (LA LEY 16462/2014), por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978).
Referido al Texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (LA LEY 8457/2008), el aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015 (LA LEY 16530/2015) tiene por objeto integrar en su contenido, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, las determinaciones legales que lo han modificado o afectado a su ámbito material, con especial referencia a la incidencia que sobre el texto refundido de 2008 tuvo la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (LA LEY 10340/2013).
Es por ello, que el primer cambio destacable se produce en el texto del texto refundido que ha añadido a su título, además de la referencia al suelo, el concepto de rehabilitación urbana. Como primer comentario, podemos indicar que esta innovación puede quedarse corta pues el objeto y título de la Ley 8/2013 (LA LEY 10340/2013) se refería a tres conceptos que en dicha ley han sido tratados de forma unida: la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. O el legislador se ha acogido al principio de economía normativa y solo ha utilizado el concepto de rehabilitación englobando tanto actuaciones de este carácter sobre el parque edificatorio, como actuaciones de regeneración y renovación urbanas o, precisamente, a resultas de la experiencia breve acumulada desde la entrada en vigor de la Ley 8/2013 (LA LEY 10340/2013), se ha decantado por apoyarse más en el concepto de rehabilitación como actuación unitaria edificatoria, que por la de regeneración y renovación que añaden un carácter integrado, es decir, articulan medidas sociales, ambientales y económicas, que se suman a las estrictamente físicas para lograr, mediante una estrategia unitaria, la consecución de los objetivos pretendidos.
Es de significar también la referencia aun en la exposición de motivos al vetusto Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (LA LEY 611/1976), que ha resultado indemne de las sucesivas disposiciones derogatorias de los textos estatales sobre la materia y pronunciamientos del Tribunal Constitucional, manteniendo el carácter de supletorio salvo en los territorios de las ciudades de Ceuta y Melilla y, en consecuencia, ha quedado fuera de la delegación legislativa por cuya virtud se dicta el Real Decreto Legislativo 7/2015 (LA LEY 16530/2015).
De este modo y a partir de la entrada en vigor del nuevo texto refundido, "el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado", las referencias normativas al contenido del texto refundido de 2008 han de ser sustituidas por la expresa referencia, numeración y contenido del Real Decreto Legislativo 7/2015 (LA LEY 16530/2015); no en vano, este texto deroga el texto refundido de la Ley de Suelo de 2008 (LA LEY 8457/2008) y las determinaciones que cita de la Ley 8/2013 (LA LEY 10340/2013).
Frente a los 54 artículos del derogado texto refundido de la ley de suelo de 2008 (LA LEY 8457/2008), el ya vigente texto refundido de la ley de suelo y rehabilitación cuenta con 68; las disposiciones adicionales primera a décima mantienen en esencia su título y contenido (salvo por ejemplo la primera referida a los sistemas de información urbana y demás información al servicio de las políticas públicas para un medio urbano sostenible, que es más extensa), especialmente las que producían modificaciones de otros texto legales. Ha desaparecido el contenido originario de la disposición adicional undécima sobre realojamiento y retorno (derogada por la Ley 8/2013 (LA LEY 10340/2013)) y sustituido por una referida al catastro inmobiliario, en particular en lo que se refiere a la utilización de la referencia catastral, la incorporación de la certificación catastral descriptiva y gráfica y las obligaciones de comunicación, colaboración y suministro de información previstas por la normativa catastral. Y se han añadido finalmente, dos disposiciones adicionales (duodécima y decimotercera,) con objeto de tipificar infracciones en materia de certificación de la eficiencia energética de los edificios y determinar las sanciones y su graduación.
La disposición transitoria primera del nuevo texto refundido modifica la anterior, incluyendo una previsión para las comunidades autónomas de suspensión durante un plazo máximo de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la Ley 8/2013 (LA LEY 10340/2013), de la aplicación de la obligatoriedad de establecer en los instrumentos de planeamiento la reserva obligatoria para vivienda sujeta a un régimen de protección pública, siempre que se cumplan los requisitos que la propia disposición contiene.
La disposición transitoria segunda, originariamente dedicada a los deberes de las actuaciones de dotación y que fue derogada por la Ley 8/2013 (LA LEY 10340/2013), se dedica ahora a regular un calendario para la realización del Informe de Evaluación de los Edificios.
Se modifica también la disposición transitoria cuarta, especialmente en la regulación de los criterios de excepción de las reglas de valoración contenidos en el texto refundido, respecto de los terrenos en los que, a la entrada en vigor de la Ley 8/2007, concurran de forma cumulativa las tres circunstancias que prevé. Y se mantiene la previsión de criterios mínimos de sostenibilidad de la disposición transitoria quinta.
En cuanto a las disposiciones finales, la referida al título competencial y ámbito de aplicación pasa a ser la segunda, incluyéndose una primera referida a las cualificaciones requeridas para suscribir los Informes de Evaluación de Edificios.
Del contenido del articulado, merecedor de un estudio y comparación más profunda, merece destacar la inclusión de un artículo 2 que contiene una serie de definiciones de conceptos y expresiones utilizadas a lo largo de su articulado.
El derogado Título II sobre bases de régimen del suelo, comprendía los artículos 10 a 20 y su contenido ha sido sustituido, desarrollado y ampliado por el nuevo Título I dedicado a condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos (artículos 5 a 19) y Título II que regula las bases del régimen del suelo, reglas procedimentales comunes y normas civiles (artículos 20 a 28).
Se introduce un Título III sobre el Informe de Evaluación de los Edificios y un Título IV sobre cooperación y colaboración interadministrativas, antes de regular en el Título V el régimen de valoraciones.
Para las valoraciones, el texto derogado dedicaba los artículos 21 a 28 y el nuevo los artículos 34 a 41, manteniendo la misma estructura y prácticamente contenido, introduciendo las reformas operadas en esta materia con posterioridad a la Ley 8/2013 (LA LEY 10340/2013), especialmente las derivadas de pronunciamientos del Tribunal Constitucional (sentencias 56/2015, de 16 de marzo (LA LEY 45451/2015), 43/2015, de 2 de marzo (LA LEY 26686/2015) y 141/2014, de 11 de septiembre (LA LEY 119062/2014)).
El Título VI se dedica a la expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial (artículos 42 a 48), sustituyendo la regulación de los derogados artículos 29 a 35, introduciéndose modificaciones, como por ejemplo un nuevo apartado quinto en la regulación del justiprecio (artículo 43).
El Título VII sobre la función social de la propiedad y gestión del suelo mantiene la regulación del régimen de venta y sustitución forzosa (artículos 49 y 50), patrimonios públicos de suelo (artículos 51 y 52), derechos de superficie (artículos 53 y 54).
Y en cuanto al régimen jurídico del Título VIII, se incluye un artículo 55 que contempla la previsión de nulidad de los actos administrativos de intervención que se dicten con infracción de la ordenación de las zonas verdes o espacios libres previstos en los instrumentos de ordenación urbanística, manteniéndose el régimen de las peticiones, actos y acuerdos, acciones y recursos y regulación del registro de la propiedad.
La urgencia del presente comentario ha de excusar, obviamente, la falta de referencia a cualquier modificación de redacción en el contenido del articulado del texto refundido que se haya operado en la labor de regularización, aclaración y armonización que, por la amplitud de su finalidad y recordando al lema de la Real Academia Española, "limpia, fija y da esplendor", puede pasar desapercibido de una primera y agitada lectura.