El Plenario de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, acaba de hacer pública una importante Sentencia, de 5 de febrero de 2015, en la que se aborda qué órgano judicial resulta competente para la ejecución de una Sentencia en cuyo proceso se reclamaba por una parte, y se oponía por otra, quién resultaba jurisdiccionalmente competente para la mencionada ejecución.
Comencemos señalando que la Sentencia, de Plenario, dictada por los doce Magistrados de Sala que la componen, y sin la existencia de voto discrepante alguno, parte del siguiente supuesto fáctico:
Por Sentencia de 4 de febrero de 2010, procedente del Juzgado de lo Social número cuatro de los de Castellón, se declaró la existencia del contrato de Don Andrés M.L., empleado en su día de Zirconio, S.A., y en el momento de solicitud de su extinción, trabajador por cuenta ajena de Niro Cerámicas, S.A.U., aparentemente subrogada en los derechos y obligaciones de Zirconio, al hallarse ésta en concurso y haber sido la misma, adquirida como simple unidad productiva por Niro Cerámicas.
La ejecución se solicitó, en base al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 1270/1995), habida cuenta que el trabajador, en el momento de su demanda, y desde meses precedentes, veía incumplida por la empresa su obligación de pago puntual de su salario.
La Sentencia de instancia, por esa razón, y atendiendo la pretensión del actor, condena a Zirconio al pago al demandante, de la cantidad de 13.224,83 euros.
Don Andrés M.L., a la vista del no cumplimiento voluntario del fallo de la Sentencia por parte de Zirconio, con fecha 30 de marzo de 2010, solicita judicialmente la ejecución de la misma.
Por Auto de 4 de octubre de 2010 se declaró no haber lugar a la ejecución de la Sentencia contra Zirconio, por haber sido ya la empresa declarada en concurso de acreedores, y remitiendo, por ello, al trabajador ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Castellón.
Incidentalmente hay que señalar que en dicho procedimiento, el administrador concursal le había reconocido al actor y ejecutante, un crédito de 18.504 euros, por indemnización y salarios impagados.
Por escrito de 14 de noviembre de 2013, se solicita por el actor nueva ejecución de la misma Sentencia de instancia. Pero esta vez, contra la empresa Niro Cerámicas, S.A.U.; la cual, en fase de liquidación del concurso de la entidad Zirconio, la había adquirido como unidad productiva en funcionamiento, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley Concursal.
En dicha demanda, el actor solicita el abono por parte de la empresa adquirente, como sucesora de la sociedad concursada, de la cantidad de 4.075,58 euros, tras restar el ejecutante lo obtenido del Fondo de Garantía Salarial.
Admitida a trámite esta nueva demanda de ejecución se citó a audiencia a las partes y se dictó Auto de fecha 24 de enero de 2014, por el cual se estima la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada por la administración concursal y también por Niro Cerámicas, razonando que la empresa objeto de la ejecución no era la concursada.
Hecho cierto, por cuanto que la concursada era Zirconio, S.A. y la demandada de ejecución, era Niro Cerámicas, S.A.U. Por lo cual, el juzgador social remite a la parte al Juzgado Mercantil.
Debemos también resaltar, que la parte actora y recurrente, quizá un tanto confusa y equívoca en cuanto a qué órgano judicial dirigir su pretensión, lo llevó a cabo también, ante el Juzgado Mercantil; es decir, aquel al que forzosamente le remitió el Juez de lo Social en su Auto de 24 de enero de 2014.
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Expuesto cuanto antecede, debemos ahora analizar la fundamentación jurídica de esta importante Sentencia de suplicación, de la Sala en Pleno, de lo Social, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 5 de febrero de 2015.
El trabajador recurrente, tras su infructuoso y previo recurso de reposición contra el Auto de 24 de enero de 2014, plantea recurso de suplicación, al amparo de un motivo único, basado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), al estimar que la declaración de incompetencia de jurisdicción y la remisión al proceso concursal vulnera los artículos 55.8 y siguientes de la Ley Concursal, así como el artículo 9.5 de la Ley 6/1985, Orgánica del Poder Judicial, y el 237.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), que se estiman incorrectamente interpretados.
En su recurso de suplicación, el trabajador recurrente señala que el artículo 55.1 de la Ley Concursal, que prohíbe seguir ejecuciones y apremios, una vez declarado el concurso de determinada empresa, es inaplicable a este caso concreto; y ello, por cuanto que la empresa contra la que se pretende seguir la ejecución no está concursada, motivo por el cual tampoco es competente el Juzgado de lo Mercantil.
A la hora de impugnar dicho recurso de suplicación, la empresa Niro Cerámicas España, S.A.U. adquirente de Zirconio, S.A., adujo que tal adquisición se produjo libre de cargas y gravámenes el día 20 de mayo de 2013, mientras que la relación laboral del actor y Zirconio se extinguió el día 4 de febrero de 2010; esto es, sin que se haya producido, en consecuencia, la subrogación del contrato de trabajo del ejecutante en la nueva empresa, según lo acordado en el Plan de Liquidación; por lo que en su interpretación y aplicación debe intervenir el Juez de lo Mercantil.
Expuestas así las visiones y argumentaciones contradictorias de ambas partes, recurrente y recurrida, la Sala de suplicación se pronuncia a favor de que el Juez competente es el de lo Social; esto es, de modo contrario a los precedentes fallos de la misma Sala, cuyas Sentencias se inclinaban por favorecer siempre la competencia mercantil en este tipo de asuntos.
En efecto, la propia Sala menciona, cómo la competencia, en un caso análogo, examinado por la misma, se cedió al Juez de lo Mercantil, en la Sentencia nº 1970/2014, de 9 de septiembre de 2014 (LA LEY 164440/2014).
Pero en la Sentencia que analizamos, la Sala de suplicación en Pleno, se pronuncia de modo divergente y contradictorio; esto es, cediendo la competencia al Juez de lo Social.
Y este cambio radical, la Sala lo justifica con el siguiente argumento: las graves consecuencias que pueden ocasionar las disfunciones competenciales entre las jurisdicciones social y mercantil, aún no resueltas en unificación de doctrina. Con independencia de las razones de fondo que obligan a analizar una figura con la trascendencia social que posee la denominada sucesión de empresas. Existiendo además razones fundadas, para estimar, en consonancia con la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 29 de octubre de 2014 (recurso nº 1573/2013 (LA LEY 176266/2014)), que, si bien de forma genérica, resulta correcto que cuando se ha producido una liquidación de empresa en el marco de un concurso de acreedores, la cuestión de si posteriormente se ha producido o no una sucesión empresarial, es competencia de la jurisdicción social.
Para ello, debemos señalar que en las disposiciones de carácter general, establecidas para determinar la competencia de la ejecución de Sentencias y demás títulos judiciales o extrajudiciales, a los que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) otorga eficacia para iniciar un proceso de ejecución, el artículo 237 establece de forma expresa, en su apartado 2º que la ejecución de las Sentencias firmes se llevará a cabo por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en instancia; remitiendo, para el caso de concurso, a lo establecido en la Ley Concursal; lo que nos obliga a analizar cómo se encuentra regulada la competencia de los Juzgados de lo Mercantil en la normativa específica mencionada.
A tenor del artículo 8 de la Ley Concursal, y en relación con lo que aquí interesa dilucidar, se señala cuanto sigue:
“Son competentes para conocer del concurso los jueces de lo Mercantil. La jurisdicción del Juez del Concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1º.- Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado (…).
2º.- Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado (…). En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de esta Ley, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.
3º.- Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.
4º.- Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado (…)”.
Por último, se incluyen asimismo y como propias de la competencia mercantil, las acciones relativas al derecho a litigar gratuitamente y la responsabilidad civil de los administradores o liquidadores.
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Pero en el caso que aquí se discute, (el que estamos comentando), la acción de reclamación civil no se dirige contra el patrimonio o derechos del concursado, dado que tras la venta de la unidad productiva y en funcionamiento, (Zirconio a favor de la entidad Niro Cerámicas), la concursada ha sido enteramente liquidada, quedando sin patrimonio.
Además, tampoco se están ejercitando acciones que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectiva de los contratos de trabajo, en los que la empleadora sea la entidad concursada, pues la reclamación económica deriva de un procedimiento anterior a la declaración del concurso.
Por último, no se trata de una ejecución contra bienes o derechos de la entidad concursada, pues en aplicación del Plan de liquidación propuesto por los administradores para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso, que fue aprobado judicialmente, la empresa Zirconio, como unidad productiva en funcionamiento, fue objeto de enajenación en su conjunto, en los términos que constan en dicho Plan y con los límites y condiciones exigidos en el artículo 149 de la Ley Concursal.
Por tanto, el objeto de la ejecución se dirige a determinar si la entidad adquirente de la concursada Zirconio, que es Niro Cerámicas, está o no obligada a satisfacer la deuda del actor, derivada de Sentencia judicial, en los términos en que regula el artículo 149 de la Ley Concursal; es decir, si dentro de dicho marco legal queda la adquirente obligada, por ostentar legalmente el carácter de sucesora de la concursada, en los términos y con los requisitos exigidos para ello por la jurisprudencia del orden social.
Por tanto, la acción ejecutiva derivada de un título judicial, emanado de un órgano de la jurisdicción social, que afecta a empresa no concursada, en virtud de la adquisición de una unidad productiva en funcionamiento, en fase de liquidación, considerada a efectos legales como sucesión, deberá ser conocida por el órgano judicial social que en su momento dictó la Sentencia origen del crédito que se reclama; a fin de valorar si la empresa sucesora de Zirconio, resulta deudora del crédito aún no satisfecho al actor.
De ahí que el Plenario de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decida, en el fallo de la Sentencia de suplicación estudiada, declarando la competencia del Juzgado de lo Social número cuatro de Castellón, para conocer del incidente de ejecución planteado.